A pocas horas de que Alberto Nisman tuviera que comparecer ante una comisión de la Cámara de Diputados para desarrollar una denuncia contra la presidenta argentina Cristina Fernández y varios de sus colaboradores, el fiscal apareció muerto con un tiro en la cabeza en el baño de su casa.
Desde hacía diez años, Nisman investigaba el atentado que acabó con la vida de 85 personas e hirió a 300 más en un centro comunitario judío, la Asociacion Mutual Israelita Argentina (AMIA), que tuvo lugar en 1994.
Hacía un año que Nisman había acusado a la presidenta, al ministro de Relaciones Exteriores argentino, Héctor Timerman, y a una serie de dirigentes kirchneristas de encubrir a altos cargos iraníes, que podrían estar detrás de la operación, con Hizbulá como brazo ejecutor.
La denuncia de Nisman contra todos ellos se basaba en “decidir, negociar y organizar la impunidad de los prófugos iraníes en la causa AMIA con el propósito de liberar a los acusados y fabricar la inocencia de Irán”.
La trama resulta compleja y tendría diferentes ejes: la presidencia argentina y el presidente iraní Hasan Rohani, los agentes secretos argentinos (anteriormente SIDE, ahora SI), Hizbulá, la comunidad judía argentina y también el Departamento de Estado Norteamericano.
La compleja investigación se complica cuando Nisman acusa en 2006 a funcionarios iraníes de haber ideado el ataque y solicita formalmente a la Interpol una orden de captura contra ocho de ellos.
El fiscal tenía la idea de que el gobierno argentino y el iraní llegaron a un pacto, tal y como explica el periodista Walter Oppenheimer. “Le dieron a Irán el 100% de lo que Irán quería«, asegura Nisman. El trato, según esta versión, era que a cambio de que Argentina negociara el caso de los funcionarios iraníes con la Interpol y se dejara de investigar el caso, el gobierno de Cristina Fernández podría obtener petróleo iraní. La razón: las carencias energéticas del país sudamericano.
Pero la complejidad del asunto no acaba aquí. En los cables de Wikileaks también figuran una serie de conexiones de Nisman con la diplomacia norteamericana y con Javier Stiusso, ex jefe de la Secretaria de Inteligencia (SI), un espía con cargo hasta el pasado mes de diciembre.
Según cuenta el periodista argentino Santiago O’Donell, autor de Argenleaks y Politileaks, Nisman se apoyó en las supuestas pruebas aportadas por Stiusso, el enlace entre la SI, la CIA y el Mosad israelí, para realizar su denuncia:
“Los Wikileaks muestran una gran falta de independencia del fiscal Nisman con respecto a la embajada de Estados Unidos (…) La embajada USA le ordenaba al fiscal que no siguiera ninguna pista salvo la iraní. Sin embargo, había una política de Estado que incluía a los grandes medios, a los líderes de la comunidad judía organizada, al Gobierno argentino y a la embajada de USA y de Israel de no cuestionar la investigación, aunque en privado había grandes dudas sobre su efectividad”.
Los documentos a los que ha tenido acceso el citado periodista recogen que Nisman adelantaba a la embajada norteamericana en Buenos Aires las siguientes medidas judiciales que iba a tomar la Fiscalía o el juzgado de turno sobre la causa.
“Me comentó que Stiusso le pasaba información en bruto y lo que él podía corroborar lo llevaba al expediente (…) Puedo estar equivocado, pero la movida de Nisman huele a carpetazo de los servicios”.
El cuerpo de Nisman quedó tendido boca abajo en el baño de su casa. Su dedo en la posición de apretar el gatillo, pero sin restos de pólvora. En el lujoso apartamento del barrio residencial Puerto Madero donde vivía, estaba todo ordenado. No había ninguna carta de despedida, pero si una nota: la lista de la compra que su asistenta tenía que hacer el lunes, un día después de su muerte.
